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El pasado 26 de Septiembre se celebró una Mesa Técnica de Acción Social, en la que el Director General de la Función Pública nos informó que ante lo ajustado de las fechas en las que nos encontramos, que hace inviable una convocatoria general de ayudas de acción social -y resolverla antes de fin de año-, unido al escollo legal ya explicado de que según la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no se podían incrementar las ayudas de acción social en 2018, por encima de lo que estaba consignado en los presupuestos de 2017, se había pensado en una fórmula para no peder la dotación de 3.000.000 de euros que tenemos en nuestros presupuestos.

Esta idea que va a proponer y que plasmará en un borrador que deberá ser aprobado en la Mesa General de Empleados Públicos, consiste en una asignación directa a todo el personal público en activo y quienes hayan prestado servicios al menos seis meses en el 2018. También podrían percibir esta asignación quienes se hayan jubilado en el 2018 y las personas herederas de personal fallecido en 2018 (hasta el 2º grado de consanguinidad).

Esta cantidad a percibir tendría la forma de una ayuda relacionada con la conciliación de la vida laboral y personal, sin que sea necesaria solicitud previa por los perceptores afectados en activo. Si tendrían que presentar solicitud, las personas jubiladas y herederas de fallecidas.

El Director General de la Función Pública informó que volverá a convocar esta Mesa Técnica, con el fin de facilitar el cálculo de los importes a percibir según el grupo retributivo de pertenencia y un borrador de Resolución que se llevará a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos.

Canarias, 28 de Septiembre de 2018