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El jueves 15 de octubre de 2015, se ha celebrado una reunión de la Mesa General de Empleados Públicos de Canarias. El punto principal del Orden del Día era la negociación de los efectos y concreción del disfrute de los días adicionales de vacaciones y de asuntos particulares por antigüedad.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, acordó en su reunión del día 5 de octubre de 2015, “conceder a los empleados públicos el derecho al disfrute de los días adicionales de permiso por asuntos particulares por antigüedad, en el marco fijado por la disposición adicional decimocuarta del Estatuto Básico del Empleado Público”, así como “un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones, en relación al tiempo de servicios prestados, con efectos y en los términos que se determinen en el ámbito de la negociación colectiva.”

Ante la incertidumbre que está creando la falta de información por parte de la Administración de nuestra Comunidad Autónoma, sobre el cobro de una parte de la extra de 2012 y los días adicionales por antigüedad de vacaciones y asuntos particulares, desde SEPCA – Sindicato de Empleados Públicos de Canarias- queremos manifestar lo siguiente:

Entrevista al Secretario de Acción Sindical del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, Manuel González Arencibia, en Radio Nacional de España por la que se analiza la situación del empleado público y la política de recursos humanos del Gobierno de Canarias, así como se pone de manifiesto la ausencia de convocatorias de Mesas de Negociación.

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias -SEPCA-, organización mayoritaria en el sector de Administración General en nuestra Comunidad, se ha dirigido al Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad (ver escrito adjunto), instándole a que convoque con carácter urgente la Mesa General de Empleados Públicos, para negociar aspectos relativos al Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre . Temas como la devolución de la paga extra de diciembre de 2012, los días adicionales de vacaciones y asuntos particulares por razón de la antigüedad según el citado Real Decreto se deben negociar en cada Administración Pública.