El 30 de septiembre el Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias convocó una reunión con Organizaciones Sindicales con representación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que también se contó con la presencia de la Directora General de la Función Pública. El objetivo de la convocatoria era una presentación de las líneas básicas de trabajo de la Consejería en los próximo años, donde destacó determinados aspectos:
-La Digitalización de la Administración Pública Canaria.
-La necesidad de asegurar una adecuada estructura organizativa, a fin de garantizar un equilibrio de efectivos entre las distintas consejerías y así poder a garantizar una eficaz prestación de servicios.
-La formación de las empleadas públicas y los empleados públicos tiene que ser un eje fundamental, donde el ICAP debe jugar un papel determinante.
-La evaluación del desempeño como una herramienta prioritaria para la mejora de la Administración.
-La transparencia en el desempeño del empleo público.
La parte sindical le manifestó sus dudas sobre determinadas cuestiones que el anterior equipo de Función Pública no terminó de definir o no dio respuestas, como la estabilidad del personal no fijo de la Administración. En este sentido, el Consejero indicó que era importante establecer mecanismos de excepcionalidad, donde se pudieran poner en marcha procesos selectivos de concursos de méritos sin exclusiones por razón de edad, tanto en los procesos de consolidación como en los de estabilización.
Con relación a las noticias sobre un recurso de inconstitucionalidad del Estado contra las Ayudas de Acción Social de la Ley de Presupuestos de Canarias 2019, el Consejero subrayó que en principio todo debería seguir funcionando hasta que no hubiese una sentencia del Tribunal Constitucional y que se defendería la viabilidad de la acción social.
Por otro lado, se le expuso la necesidad de iniciar una serie de comisiones de trabajo, que fueron acordadas en la legislatura anterior, como la de igualdad y conciliación, y que hasta la fecha no habían sido convocadas. El Consejero se comprometió a trabajar juntos e impulsarlas.
Por parte de SEPCA se mostró conforme con los objetivos propuestos, matizando que la digitalización de la Administración Pública requería de herramientas y formación adecuada, así como que se superase el problema de la falta de interoperatividad de los distintos sistemas informáticos existentes en el Gobierno de Canarias.
En cuanto a la potenciación del ICAP como órganos transversal de formación de los empleados públicos SEPCA propuso dar más iniciativa a este centro directivo en cuanto a propuestas formativas y también a formación interna del personal.
En lo que respecta a la transparencia SEPCA estaba totalmente de acuerdo, pero añadió que la misma fuese extensiva a la masa salarial y a la publicidad de puestos ocupados y vacantes del Gobierno de Canaria, tal como habíamos solicitado sin obtener respuesta.
Igualmente SEPCA insistió en la necesidad de un Plan Integral de Ordenación de Recursos Humanos, así como de una Ley de Función Pública Canaria, adaptada al Estatuto Básico del Empleado Público.
La Directora General de la Función Pública manifestó que entre sus objetivos prioritarios estaba la aprobación de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, una nueva Ley de la Función Pública Canaria, y la simplificación de los procedimientos de tramitación y aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo. En cuanto a los procesos selectivos suspendidos, señaló que sólo se mantendrían como tal aquellos que se encontrasen afectados judicialmente en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Como novedad de la reunión se adelantó que habría una nueva Oferta Pública de Empleo para el 2019 en el sector de Administración General, con la convocatoria de más de doscientas plazas.
