Desde SEPCA denunciamos la falta de previsión de la Administración ante las alertas por temperaturas extremas. Reclamamos protocolos internos que permitan convertir las recomendaciones generales ante fenómenos meteorológicos adversos en medidas concretas de actuación en cada centro de trabajo
SEPCA denuncia la falta de previsión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias ante los reiterados episodios de temperaturas extremas y otros Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA), situaciones cada vez más frecuentes y previsibles que permiten preparar con antelación una respuesta organizada.
Canarias permanece este 16 de septiembre en situación de prealerta por temperaturas máximas en todas las islas, después de que durante la jornada anterior se llegara a declarar la alerta en Lanzarote, Fuerteventura y determinadas zonas de Gran Canaria. Aunque se prevé una moderación progresiva, continúan esperándose temperaturas de entre 30 y 34 grados en medianías, zonas de interior y vertientes orientadas al sur y sureste.
Para SEPCA, episodios como el actual demuestran que estas situaciones no pueden seguir gestionándose como acontecimientos inesperados. Las previsiones permiten conocer con varios días de antelación la existencia de un riesgo y utilizar ese tiempo para preparar las medidas necesarias.
La declaración de un FMA establece un escenario de riesgo y unas recomendaciones generales. Sin embargo, esas indicaciones deben trasladarse posteriormente a la realidad concreta de cada centro de trabajo.
SEPCA considera necesario distinguir entre seguir las recomendaciones de Emergencias y disponer de un protocolo interno basado en ellas. No son actuaciones incompatibles: el protocolo interno es precisamente el mecanismo que permite aplicar eficazmente esas recomendaciones dentro de cada organización.
Cada centro debe tener definido de antemano quién recibe y verifica la alerta, quién adopta las decisiones, desde qué nivel se activan las medidas, qué actividades deben modificarse o suspenderse, cómo se actúa ante trabajos exteriores o personas especialmente sensibles y qué ocurre si la alerta se declara una vez iniciada la jornada.
“Un protocolo interno no compite con las instrucciones de Emergencias. Es el mecanismo que permite incorporarlas a la gestión real de la seguridad de cada centro de trabajo”, señala Mar Álvarez Boutieb, responsable de Prevención de Riesgos Laborales de SEPCA.
Especial preocupación en centros sanitarios y educativos
Esta falta de planificación resulta especialmente grave en ámbitos como la sanidad y la educación, donde las consecuencias de las temperaturas extremas no afectan únicamente al personal empleado público.
Existen centros sanitarios y educativos con deficiencias de climatización, ventilación o características constructivas que pueden incrementar el riesgo durante episodios de calor intenso. En estos casos no estamos únicamente ante una cuestión de prevención de riesgos laborales.
Las altas temperaturas pueden afectar también a pacientes especialmente vulnerables, como personas mayores o con determinadas patologías, y a niños y adolescentes que permanecen durante horas en los centros educativos.
Por ello, SEPCA reclama identificar previamente los centros con mayores deficiencias y establecer medidas específicas tanto para los trabajadores como para pacientes, escolares y demás usuarios de los servicios públicos.
Riesgos previsibles que exigen respuestas planificadas
“Sabemos que estos episodios van a repetirse y, en muchas ocasiones, sabemos con bastante antelación cuándo pueden producirse. No resulta razonable que, disponiendo de esa información y de la experiencia acumulada, sigamos llegando a cada alerta sin un plan de actuación previamente definido”, afirma Mar Álvarez.
Reclamamos a la Administración autonómica un marco común de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos, adaptado posteriormente a las características y riesgos de cada centro y que establezca responsabilidades, niveles de activación, medidas organizativas y procedimientos de comunicación.
Insistimos además en la necesidad de que la Dirección General de la Función Pública y el Instituto Canario de Seguridad Laboral impulsen, con participación sindical, la elaboración de estos protocolos.
Canarias, 16 de septiembre de 2026
