El Decreto 169/2026, de 30 de octubre, publicado en el BOC n.º 223, de 9 de noviembre de 2026, establece qué protección tienen ambos colectivos en el ejercicio de sus funciones y cómo deben actuar ante los problemas de convivencia en los centros educativos. La norma entra en vigor el 29 de noviembre de 2026.
Para el personal de administración y servicios, los artículos 35 y 36 reconocen el derecho a un trato respetuoso, a trabajar en condiciones de seguridad y a recibir protección jurídica por el ejercicio legítimo de sus funciones, con la salvedad prevista para los conflictos de intereses con la Administración. Este personal debe custodiar la documentación, guardar sigilo y distinguir dos vías de comunicación: las incidencias de convivencia se trasladan a la dirección del centro; las situaciones de violencia o desprotección que puedan afectar a los derechos básicos del alumnado, a Educación o a la autoridad competente.
Para el profesorado, los artículos 31 y 32 reconocen su condición de autoridad pública en el ejercicio de la función docente, el derecho a la defensa jurídica y la facultad de intervenir de forma inmediata y proporcionada, conforme a las normas del centro, tanto en el aula como en las actividades complementarias y extraescolares. El decreto también recoge el derecho a formación permanente para prevenir y detectar la violencia. Entre sus deberes están informar a las familias de los incumplimientos y de las medidas educativas adoptadas, preservar la confidencialidad y comunicar a Educación o a la autoridad competente las situaciones de violencia o desprotección que puedan comprometer los derechos del alumnado o de otros miembros de la comunidad educativa.
Desde SEPCA recomendamos a quienes formen parte de la comunidad educativa, tomar conocimiento y conciencia de la importancia de esta regulación que entrará en vigor a finales de este mes de noviembre.
Consulta aquí el contenido del nuevo reglamento de convivencia escolar.
Canarias, 9 de noviembre de 2026




