Desde SEPCA rechazamos la petición realizada por la Consejería de Educación, por medio de un comunicado enviado a todos los centros educativos de Canarias desde la Dirección General de Personal, solicitando a todo el profesorado canario autorización para poder consultar sus antecedentes penales y a la información que sobre los mismos pueda existir en base de datos del Registro Central de Antecedentes Penales del Ministerio de Justicia.

Consideramos que esta inadecuada actuación, realizada a espaldas de las organizaciones sindicales, es producto de una equivoca interpretación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que regula el denominado futuro "Registro central de delincuentes sexuales", aún no concretado en la práctica.

En su apartado 5 al artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, su redacción :

" Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales."

Los únicos docentes que deben acreditar no estar incluidos en el Registro Central de delincuentes sexuales es a los que "pretendan acceder".

Una vez creado el Registro Central de delincuentes sexuales deberá estar regulado la forma de la protección integral de los menores y deberá regular la formula de acceder a él las empresas, instituciones, administraciones,... que tengan trabajadores en contacto con menores.

No entendemos ni compartimos la solicitud del certificado de antecedentes penales a todos los docentes en activo porque no existe el registro central de delincuentes sexuales.

Esta irrespetuosa actuación, realizada sin ningún tipo de información ni negociación previa con las organizaciones sindicales, vulnera el derecho a la intimidad y la protección de datos, por lo que solicitamos su inmediata retirada.