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Los costes del recorte de la jornada, y consiguientemente del salario, a unos 3.300 empleados públicos de la Comunidad Autónoma (laborales no fijos y funcionarios interinos de la Administración general) se han elevado con el litigio que lleva aparejada esta controvertida medida de contención del gasto, cuyo ahorro inicialmente previsto se ha aminorado desde los casi 20 millones de euros hasta los 17.